Un nuevo escándalo sacude al Servicio Penitenciario Federal (SPF). El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó el allanamiento de las oficinas del director del organismo, Fernando Julián Martínez, ante la sospecha de un presunto vínculo con la empresa que provee alimentos en la cárcel de Ezeiza, denunciada por servir comida en mal estado a los detenidos.

Martínez, que asumió su cargo en 2024 tras ser designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quedó en el centro de una investigación que apunta a una posible cartelización del servicio de alimentación dentro del sistema penitenciario federal.

El procedimiento judicial se llevó a cabo el viernes a las 11.30 y estuvo marcado por un episodio que despertó fuertes sospechas. Según fuentes policiales citadas por Infobae, al momento de entregar su teléfono celular a la Justicia, Martínez presentó un aparato viejo y en desuso. Al advertirlo, los funcionarios judiciales le exigieron el dispositivo que utilizaba habitualmente, pero el director del SPF alegó que lo había “extraviado” ese mismo día.

La explicación no convenció al juez Villena, quien ordenó rastrear la última señal del celular. El informe fue contundente: el teléfono había registrado actividad ese mismo día, apenas una hora antes del allanamiento, en una zona cercana al estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. “O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente del caso. Incluso deslizó que el magistrado podría haber ordenado la detención inmediata de Martínez, pero optó por no generar un escándalo institucional.

El allanamiento no fue casual. Ese mismo viernes se definía una nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde están alojadas cerca de 2.000 personas privadas de la libertad. La empresa ganadora volvió a ser Bio Limp, la misma que ya estaba bajo sospecha.

Para entender el trasfondo del caso hay que remontarse varios años atrás. A partir de un habeas corpus presentado por las condiciones de la comida en el penal de Ezeiza, Villena había fallado contra la empresa Foodrush, entonces encargada del servicio, y le prohibió participar nuevamente en licitaciones del SPF. En aquel momento, peritajes de la Anmat detectaron que los alimentos superaban los valores permitidos de Escherichia coli y no eran aptos para el consumo humano. Los detenidos se negaban a comerlos y debían gastar su propio dinero en la cantina.

El juez ordenó auditorías y controles, pero los problemas persistieron. Incluso, según relataron fuentes del expediente, Villena probó personalmente la comida durante una inspección en la cárcel y horas después sufrió una fuerte descompostura. “Un asco, vomitiva”, habría comentado a su entorno.

Tras la sanción a Foodrush, la empresa volvió a presentarse en una nueva licitación junto a otras firmas, entre ellas Bio Limp, que solo tenía experiencia previa en tareas de limpieza. Poco tiempo después de iniciada la nueva prestación, volvieron los habeas corpus: los internos denunciaban nuevamente que la comida era incomible. En noviembre pasado, Villena reabrió la causa bajo la carátula de “Envenenamiento”.

La investigación avanzó y reveló que los camiones utilizados por Bio Limp pertenecían en realidad a Foodrush. Además, se constató que los empleados de cocina eran los mismos y que existían facturas entre ambas empresas por alrededor de 150 millones de pesos. Para el juez, se trataba de una maniobra para eludir la sanción y continuar con el negocio.

Ante ese escenario, Villena ordenó allanamientos no solo en las empresas, sino también en las oficinas del director del penal, del director administrativo y del propio Martínez, al considerar que era imposible que las autoridades del SPF desconocieran la operatoria.

Según trascendió en los pasillos del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, el magistrado entiende que hubo una maniobra de “cartelización” que no pudo haberse llevado adelante sin el aval de los responsables del Servicio Penitenciario Federal.

Durante el procedimiento, los agentes judiciales le pidieron a Martínez que dejara constancia formal de la supuesta pérdida de su teléfono, pero el funcionario se negó y, según relataron fuentes del caso, lo hizo de mala manera. Además, se detectó que se desplazaba en una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los creadores de La Salada y actualmente prófugo de la Justicia.

En paralelo, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de todo lo actuado por Villena. Argumentó que las medidas se realizaron en un día inhábil, que no se sorteó nuevamente el juzgado tras la reapertura de la causa y que no había motivos para secuestrar el teléfono del director del SPF.

Desde el entorno del juez, sin embargo, sostuvieron que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negarse a entregar su teléfono, más aún siendo funcionario público”, y remarcaron que Villena está preocupado por lo que considera “un desafío a la Justicia” y por enfrentarse a “mafias enquistadas desde hace muchos años”.

Consultado por Infobae, el propio Villena evitó hacer declaraciones, pero confirmó que se comunicó con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y que recibió de su parte “una excelente predisposición” y todo su “apoyo” en el marco de la investigación.